Texto íntegro del artículo aparecido en la revista Capital del mes de septiembre:
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Creada en 1977, la filial de la SEPI se adjudica a dedo los contratos públicos, pero recurre al régimen privado de contratación laboral para dotarse de personal
El currículum de la auxiliar administrativa I.M.M. no tiene desperdicio. Firmó su primer contrato precario con Tragsa el 19 de julio de 1990. Un año después llegó la baja y cuatro días más tarde de nuevo fue dada de alta en la Seguridad Social. Este proceso se repitió hasta que en 2000, y tras estampar su rúbrica en otros 13 contratos temporales con al misma empresa, esta granadina denunció su situación al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que le dio la razón. En la sentencia se dejaba claro que "las sucesivas contrataciones temporales constituyen fraude de ley, estimando que la actora ostenta el carácter de indefinido". Por desgracia, este caso no es una excepción en la forma de trabajar de la Administración que se sirve de Tragsa para crear 10.804 puestos de trabajo temporales. Es decir, el 83% de la plantilla de la compañía.
Con estos datos en la mano, quizás se entienda ahora por qué España tiene más eventuales que Italia, Reino Unido, Bélgica y Suecia juntos. El dato ha alarmado al ministro de economía, Pedro Solbes, que no ha tardado en pedir medidas que solucionen la lacra de la temporalidad. Pero ¿cómo diablos se pueden pedir soluciones a las empresas privadas si desde la propia Administración se fomenta el empleo precario? "Antes de pedir, deberían de mirarse un poco al ombligo", asegura un directivo del sector alimentario.
Y en este caso, ese ombligo se llama Empresa de Transformaciones Agrarias S.A. (Tragsa): un ingenio empresarial ideado en 1977 por el antiguo diputado de la UCD, José Luis Meilán Gil, hombre de confianza del ex presidente Adolfo Suarez. "Tragsa se creó para gestionar los parques de maquinaria del IRYDA (Instituto para la Reforma y Desarrollo Agrario). Se pensó que estarían mejor gestionados a través de una sociedad anónima que desde la propia Administración", explica Francisco Jiménez, director técnico de Tragsa.
Hoy, esa empresa de capital público que nació para dotar de infraestructura los campos a través de sus máquinas, hace también regadíos, presas, caminos forestales, reconstruye ermitas, monta ferias, limpia las costas gallegas del chapapote del Prestige, cuida de la sanidad animal tras la crisis de las vacas locas, apaga los incendios que asolan España, adorna las calles de Madrid para la boda del Príncipe, levanta el Bosque de los Ausentes e, incluso, retira la estatua de Franco de la capital. Es decir, es una empresa para casi todo. "Pensamos que se trata de un ministerio paralelo que se creó para tapar las carencias de la Administración, provocadas por los recortes de personal", indican en el sindicato CC.OO.
Sea como sea, lo que está fuera de dudas es que Tragsa, presidida por Josep Puxeu, es con sus 22,4 millones de euros de beneficio la empresa más rentable de la SEPI. Y eso no es todo. Si se mira la facturación, se descubre que solo Izar y RTVE superan los 674 millones de euros que Tragsa ingresó en 2004, aunque con la diferencia de que tanto los astilleros como la televisión son un mar de pérdidas. "La diferencia está en que Tragsa es una empresa pública que se gestiona como una privada", asegura Guillermo Collarte, director general de Tragsa.
Sabe de lo que habla. Tragsa es una especie de Doctor Jeckill y Mister Hyde. Por un lado es una sociedad anónima y, por otro, su capital es íntegramente público (51% SEPI, 38% Ministerio de Agricultura, 10% Estado Español y 1% las comunidades de Madrid, Cantabria, Navarra y Castilla La-Mancha). Esto significa que Tragsa no es otra cosa que la propia administración cubierta bajo el manto de una S.A. De ahí se deriva que conserve los privilegios de una sociedad estatal, como la adjudicación de los contratos a dedo, pero sin tener que mantener a funcionarios. Al ser una S.A. recurre a los métodos de contratación que utiliza cualquier compañía privada. "Este particular régimen jurídico está aprobado por Real Decreto desde 1977", asegura el profesor de la Universidad de A Coruña Carlos Amoedo que, a lo largo de años, ha comprobado cómo la Administración ha adaptado poco a poco las leyes para que Tragsa jamás pudiera ser criticada desde ningún organismo judicial de la UE.
Tanta preocupación se debe a que es una auténtica bicoca pública que jamás ha perdido dinero... y, la verdad, parece difícil que esto vaya a ocurrir. Y es que, entre otras cosas, el 100% de la facturación depende de los encargos que le hace la propia Administración, que son sus accionistas. Así, las comunidades que más recurren a Tragsa son Galicia las dos Castillas y las que menos Cataluña y País Vasco. Es tal el chollo, que en otras comunidades autónomas han creado sus propias Tragsas (Egmasa y Getisa en Andalucía, Easa en Asturias, Gesplan en Canarias, y más de 10 empresas en Navarra). Pero no todo son ventajas. Al estar considerada un medio propio del Estado, Tragsa es un simple subordinado que está obligado a realizar también los encargos deficitarios. Un sólido brazo armado que obedece órdenes.
Órdenes que se reducen a una: ganar dinero como sea. Y si para conseguirlo se tiene a un colectivo como el de las brigadas para incendios con contratos basura, a pesar de ser un trabajo que se repite todos los veranas, pues se tiene. "Podríamos estar limpiando el monte en invierno y así no tendrían que echarnos", asegura un miembro de un retén. "Nuestra cartera depende de una Administración que se rige por ciclos políticos", contesta Collarte. "Y si todos fueran fijos y resulta que un día no te dan los contratos, prepárate a despedir colectivos enormes y a perder dinero", añade Antonio Bustillo, subdirector de relaciones laborales de Tragsa.
Los tres tienen parte de razón, pero lo peor es que el problema laboral no es exclusivo de los forestales. A pesar de que Tragsa sólo salta a la palestra por sus intervenciones en catástrofes (Prestige) o en la extinción de incendios (las víctimas de Guadalajara eran trabajadores de Tragsa), sus labores van más allá. Es más, las emergencias sólo originaron el 11% de la facturación de Tragsa en los seis primeros meses de 2005. El grueso de sus números viene de las infraestructuras agrarias (19%), de los regadíos (18%) y de los equipamientos (18%). Así, se explica que haya informáticos, administrativos, veterinarios e incluso ingenieros y abogados de Tragsa desempeñando su labor de forma continuada en algún ministerio. Por supuesto, la mayoría con contratos temporales. "Tragsa es la ETT de las Administraciones agrícola y ambiental" añade Carlos Amoedo.
De todas formas, no todo lo criticable de Tragsa se ciñe al tema laboral. Al ser considerado un medio propio de la Administración, se le adjudican a dedo los contratos de obras públicas (formalmente se llama "encomienda directa"), lo que perjudica a las empresas privadas que trabajan en los mismos sectores que Tragsa (forestal, construcción, aéreo...). De hecho, la asociación de empresas forestales (Asemfo), con el apoyo de otras patronales, llevó a Tragsa a los tribunales de la UE hace casi 10 años por violar las leyes de libre competencia. Ante el riesgo de que los jueces pusieran fin al "chollo" Tragsa, a la entonces ministra de Agricultura, Loyola de Palacio, no le quedó más remedio que resolver todos los flecos legales, a través de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales de 1998 que, curiosamente, no fue discutida en el Congreso.
Pero eso no es todo. Tragsa también sirve a la Administración para tapar las pocas bocas que todavía se atreven a alzar la voz en su contra. Y es que, a pesar de no tener competencia a la hora de adjudicarse los contratos, Tragsa sólo está obligada a realizar el 50% de los trabajos con sus propios medios. ¿El resto? Los subcontrata a empresas privadas. Así de fácil. "Existen pocas cosas mejores que unos suculentos contratos para agradecer favores políticos", asegura un diputado del Partido Popular.
Desde Tragsa se insiste en que esto no es tan sencillo, porque la ley exige que se anuncien en el BOE los contratos que superen los 6.242 euros. Lo que resulta totalmente cierto pero, según denuncia Amoedo en su libro "Tragsa. Medios propios de la Administración y huida del derecho administrativo", se puede escapar con suma facilidad de la publicación de los contratos a través del fraccionamiento de los mismos.
En este sentido, la actuación de Tragsa en la catástrofe del Prestige no tiene desperdicio. Como era de esperar, se adjudicó a dedo la limpieza de las playas, por las que cobró como corresponde a una empresa privada. Más tarde, la Xunta se sirvió de Tragsa para callar las críticas. Por eso, se quiso contratar a las cofradías de pescadores para que no protestaran por no poder salir a faenar. ¿Resultado? Guerra entre cofradías. Tratando de encontrar una solución, la Administración se volvió a equivocar al contratar a parados para que limpiaran las playas. Fue peor el remedio que la enfermedad. Temiendo por el fin de sus contratos de obra, los operarios de Tragsa no aceptaban a las hordas de voluntarios que, de manera altruista, quitaban chapapote.
Por todo ello, Tragsa siempre ha sido el blanco de las críticas de la oposición. Pasó con el PP cuando gobernaba Felipe González y volvió a pasar con Zapatero durante los ocho años de Aznar. Pero resulta curioso que, cuando esos críticos llegan al poder, se olvidan de todo y pronto descubren las excelencias de una empresa que, además de dar dinero, permite repartir favores a los amigos del Gobierno. Si no, que se lo digan al PSOE, que en la oposición clamaba por la reforma de Tragsa y una vez en el poder se ha limitado a potenciar la buena imagen de la compañía y a colocar en el consejo a personas de su entera confianza. Parece que esta vez tampoco toca hablar de la privatización de Tragsa. Pues va a ser que no.
Autor: Rafael Pascual
Fuente: Revista Capital. Septiembre 2005
