ACTUALIZACIÓN DEL IMPORTE DE LOS CHEQUES DE COMIDA
El importe de los cheques de comida ha sido actualizado a 7, 49€
Comprobad que los cheques que habeis recibido, están correctos.
COMITE TRAGSEGA - MADRID
noticias
Una nueva deducción en el IRPF
Ante las dudas y las consultas que está generando la anunciada "PAGA" de los 400 euros queremos haceros las siguientes aclaraciones con respecto a su aplicación.
05-06-2008 - En primer lugar, hay que tener en cuenta que no es una "paga" sino que se crea una nueva deducción fiscal a los rendimientos del trabajo o por actividades económicas. Es una deducción de la cuota líquida con efectos de 1 de enero de 2008, que al tratarse de una deducción de la cuota, afectará a las personas que tengan una cuota derivada de los rendimientos del trabajo o por actividades económicas, y por lo tanto se podrá deducir hasta 400 euros.
Esta nueva deducción afecta a la manera de calcular las retenciones a cuenta del impuesto, por eso el gobierno ha modificado el reglamento del IRPF, con respecto a las retenciones, incorporando esta deducción.
Para este año, como ya estamos a mitad del ejercicio fiscal, el gobierno ha decidido adelantar a efectos prácticos la deducción aplicando una reducción de 200 euros, como máximo, de la retención a cuenta en la nómina del mes de junio. Así, en la próxima nómina de junio, se aplicará todavía el porcentaje de retención que se venía aplicando, pero la cantidad resultante se disminuirá en 200 euros como máximo.
Esta disminución no la percibirán en este junio aquellas personas que se les aplique el tipo mínimo de retención del 2% durante menos de un año y no la verán entera aquéllas que tengan una retención a cuenta del IRPF menor a los 200 euros, aunque se les compensará en los meses sucesivos.
Como ejemplo: Quién este junio tuviera una retención de 250 euros, se la hará únicamente una retención de 50 euros, pero en el caso de no llegar a una retención de 200, no tendrá retención.
A partir del mes de julio se disminuirá el tipo de retención en la cuantía necesaria para completar la reducción de las retenciones hasta los 400 euros.
Para el año 2009 y sucesivos, las retenciones a cuenta sobre los rendimientos del trabajo ya incorporarán esta deducción de 400 euros anuales.
Resumen | |
junio 2008 | Hasta 200 euros menos de retención a cuenta del IRPF por rendimientos del trabajo. |
julio-diciembre 2008 | Se reducen los porcentajes de la retención hasta completar los 400 euros de deducción. |
2009 | Los porcentajes de retención ya se calcularán en función de incluir la deducción de hasta 400 euros en todo el año. |
Zapatero pregunta a la Dirección de TRAGSATEC sobre la alta temporalidad tras las movilizaciones habidas en esta empresa
Dos trabajadores le habían interpelado sobre este tema en el Homenaje a Marcelino Camacho que organizó CCOO hace un par de semanas
18-12-2007 - Según fuentes de la Administración, el Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, preguntó a la dirección de TRAGSATEC - parece ser que a través de su director general – sobre la elevada temporalidad de la empresa, después de que dos trabajadores le interpelaran sobre este tema en el Homenaje a Marcelino Camacho que organizó CCOO hace un par de semanas y que el Grupo Parlamentario de IU presentara el 30 de noviembre una pregunta parlamentaria al Gobierno sobre las medidas, si es que se contempla alguna, para solucionar la situación de precariedad laboral del Grupo TRAGSA y, en particular, de TRAGSATEC, a iniciativa del comité de empresa de Madrid.
Por otra parte, los trabajadores de la empresa pública estatal de ingeniería TRAGSATEC, perteneciente al grupo TRAGSA, cuyo accionista mayoritario es la SEPI, se volvieron a concentrar ayer a las puertas de los centros de Julián Camarillo, Valentín Beato, Núñez de Balboa y Agustín de Betancourt, en Madrid, siguiendo con las movilizaciones para solucionar la situación de la alta temporalidad.
La Inspección de Trabajo de Madrid ha dado un ultimátum a la dirección de la empresa para que antes del 23 de enero deponga su actitud arrogante y llegue a un acuerdo con la representación de los trabajadores, donde es mayoritaria CCOO. La empresa está empezando a ceder y ha convocado una reunión el 15 de enero con el comité de Madrid.
Parece que el presidente del gobierno, Rodríguez Zapatero, interpeló sobre este asunto al presidente del grupo después de que en el homenaje a Marcelino Camacho, dos sindicalistas de CC OO le preguntasen sobre la alta temporalidad, respondiendo que desconocía el tema pero comprometiéndose a solucionarlo.
En TRAGSATEC la temporalidad asciende al 70 % - 2.500 empleados - y en el Grupo TRAGSA cerca del 80 % de una plantilla, muy joven, que en diciembre de 2006 sumaban 16.000 trabajadores y ahora, según su presidente Rafael Jaén, ya asciende a 21.600.
Sección CCOO Tragsatec Madrid
ACUERDO SOBRE ANTIGÜEDAD
En fechas recientes la Representación Sindical de Tragsega y la Dirección del Grupo Tragsa han suscrito un acuerdo para el reconocimiento de la antigüedad a todos los trabajadores fijos de plantilla. Con objeto de instruir los medios para la vigilancia de su cumplimiento, a continuación os recordamos el citado Acuerdo, y os solicitaos vuestra colaboración en la supervisión de su cumplimiento.
PRIMERO.- Se acuerda que la fecha de antigüedad del personal fijo de plantilla se corresponda con la del primer contrato laboral eventual celebrado con alguna de las Empresas del Grupo Tragsa, aunque se hayan formalizado contratos sucesivos sin solución de continuidad, siempre que entre los contratos sucesivos no haya existido una interrupción superior a 31 días naturales.En caso de existir entre contratos una interrupción superior a 31 días naturales, el cómputo de antigüedad se realizará desde la fecha de inicio del contrato posterior a dicha interrupción.
SEGUNDO.- El criterio establecido en el punto primero, será de aplicación a todos los contratos que se celebren a partir de la fecha del presente acuerdo.
TERCERO.- Los efectos económicos que se pudieran derivar como consecuencia de la entrada en vigor de este acuerdo, serán desde el 1 de enero de 2007 y se devengarán en el concepto de antigüedad sin detraerse del importe total de retribuciones que viniera percibiendo a dicha fecha.
CUARTO.- Se acuerda regularizar la fecha de antigüedad a todo el personal fijo de la empresa conforme al criterio recogido en el punto primero.
Mediante este Acuerdo, se ha conseguido poner al día parte de la antigüedad real de todos los trabajadores de nuestra empresa, anulada hasta la fecha mediante el uso de la concatenación de los contratos de Obra y Servicio. Lamentablemente no se ha logrado incluir los periodos de contratación mediante acuerdos mercantiles, pero al menos se ha solventado en parte, una situación evidentemente injusta.
Ahora hay que supervisar la correcta aplicación de esta nueva normativa. Para ello tenemos que solicitaros vuestra colaboración. Los datos de antigüedad, y su repercusión económica en la nómina, son datos a los que solo pueden tener acceso los propios interesados. La antigüedad en la empresa aparece en la parte superior izquierda de cada nómina, y las bonificaciones que corresponden por cada periodo, se encuentran recogidas en el artículo 28 de nuestro Convenio Colectivo (¡atención! se devengan desde el 1º de enero del año en que se cumpla cada periodo).
Es necesario, por tanto, que cada trabajador compruebe en sus próximas nóminas si la antigüedad que aparece en la misma es la correcta, y si la liquidación de trienios es la apropiada. Es probable que en la nómina de enero se cometan errores, ya que se deben hacer un gran número de cambios en los cálculos de antigüedad, pero es importante que esos errores se detecten y denuncien desde el principio, para no dar lugar a problemas mayores.
Por último advertir a aquellos compañeros que pertenecían a Tragsega y que en la actualidad están en Tragsa, que este Acuerdo implica la actualización de sus antigüedades en el Grupo, por lo que también es de aplicación en su caso.
Nadie en la empresa después de las seis
"España arrastra hábitos laborales de la posguerra, típicos del pluriempleo"
El I Congreso de Horarios Racionales aconseja trabajar menos horas para rendir más
Las trabajadoras de la sucursal española de la firma Louis Vuitton decidieron un día plantar cara a los jefes e imponer su horario laboral: se entra a las 7 y se sale a las tres; una hora para comer y nada de reuniones por las tardes. Pasado el susto, el jefe de personal accedió. Hoy, dos años después de aquel plante, estas 500 mujeres han conseguido aumentar la productividad de la empresa más de un 20%, reducir un tercio el absentismo laboral y mantener un nivel de satisfacción poco frecuente en la difícil conciliación entre vida laboral y familiar. El jefe de personal, ascendido, dirige ahora las sucursales de América del Sur.
La plantilla de esta empresa de maletas y bolsos han conseguido ya el objetivo que el I Congreso para Racionalizar los Horarios españoles, clausurado ayer en Madrid, tiene como meta para el año 2010. En este congreso han intervenido cerca de un centenar de especialistas -algunos lo han hecho personalmente y otros mediante cartas- y todos sin excepción, desde ministros a frailes, pasando por académicos, banqueros, futbolistas, cocineros, ejecutivos, militares y arquitectos, han coincidido en que gestionamos pésimamente nuestro tiempo y que resulta casi una utopía adelantar esas dos horas que España lleva de retraso con respecto a los usos horarios de países de la Unión Europea. El astronauta Pedro Duque, testigo privilegiado de la curvatura del tiempo, reflejó el problema con ironía: "Si llamas desde Alemania a cualquier empresa española a primera hora te dicen que aún no han llegado; a las 11, que están con el café; a las 14.00, que acaban de salir a comer, y a las cinco, cuando empiezan a regresar a los despachos, nosotros ya nos hemos ido porque acabó nuestra jornada laboral".
En esta línea, el portavoz de la asociación de televisiones privadas UTECO, Jorge del Corral, radiografió la España castiza: llegar tarde a la oficina, cafelito, largas comilonas, tapas y cañas a la salida y cena de trabajo como colofón. ¿Es esta vida aceptable? ¿O debemos acabar a las cinco, como los lapones, para cenar carne de reno?, se preguntó. En un tono más serio, Antonio Garrigues Walker, presidente de la Fundación Ortega y Gasset, reflexionó: "Hay algo preocupante en esta resistencia de la ciudadanía a racionalizar el horario. Nos estamos aislando de Europa ¿Qué nos ocurre?". Dejó la pregunta en el aire. Ignacio Buqueras, organizador de este congreso, responde: "Seguimos arrastrando un horario de posguerra, típico de pluriempleados. Hasta después de la República, en España se comía y cenaba con horario europeo".
El congreso, que ha declarado la guerra a la jornada partida y a la actividad en los despachos más allá de las 18.00, ha premiado a la agencia Servimedia, a la mensajería MRW y a la Fundación Once por su flexibilidad horaria. A Servimedia, además, por aplicar el teletrabajo; a MRW, por los comedores para empleados con sala adjunta para breves siestas, y a la Fundación Once por apagar la luz al caer la tarde. "Si algún pelota quiere usar después el ordenador encuentra tantas pegas que acaba por abandonar", comenta su presidente, Alberto Durán.
En este congreso, los calientasillas tienen mala imagen -el porcentaje más repetido sitúa a España a la cabeza en horas de trabajo y a la cola en productividad, tras Portugal y Grecia-, y los adictos al trabajo tampoco están bien vistos. Nuria Chinchilla, directiva de la escuela de negocios IESE, lleva 25 años estudiando el factor humano en las grandes empresas. Y está convencida de que trabajando menos horas se rinde más. "Los adictos rompen equipos y crean mal ambiente. Los empresarios se están dando cuenta de que, a medio plazo, salen caros", asegura.
JOAQUINA PRADES
El Pais
Publicación Tablas salariales 2006
Hoy miércoles 8 de marzo, se ha publicado en el BOE, la Resolución de 20 de Febrero, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro y publicación de la revisión salarial del Convenio Colectivo nacional de las Empresas de Ingeniería y Oficinas de Estudios Técnicos.
A partir de hoy, la empresa dispone de 32 días para la actualización de las nóminas, para lo que deberá abonar los atrasos correspondientes a los meses de Enero y Febrero, e incorporar los nuevos importes a partir de la nómina de Marzo.
Los importes brutos de las subidas mensuales de cada Nivel son los siguientes:
Nivel I.- 58,39 €
Nivel II.- 44,79 €Nivel III.- 43,39 €
Nivel IV.- 40,23 €
Nivel V.- 35,86 €
Nivel VI.- 31,66 €
Nivel VII.- 30,78 €
Nivel VIII.- 29,03 €
Nivel IX.- 27,39 €
Nivel X.- 24,25 €
Nivel XI.- 28,57 €
Recordad que todos estos valores son brutos, por lo que hay que aplicar las retenciones a aplicar en cada caso.
Podéis consultar los valores totales de las nuevas tablas salariales en esta misma WEB, en la noticia publicada el 30 de enero del 2006.
El 42 % de los temporales encadena contratos en el mismo empleo
El encadenamiento de contratos afecta a 2.162.000 asalariados temporales
CC.OO. denuncia un importante volumen de fraude en la contratación temporal y exige medidas que limiten la sucesión ilegal de contratos
Según un estudio de CC.OO. basado en los datos de la EPA, 2.162.000 asalariados temporales de un total de 5.109.000 temporales (42,3%), encadenan contratos. Es decir, su contrato actual está precedido por al menos otro anterior dentro de la misma empresa.
El estudio saca a la luz que el porcentaje de asalariados temporales que encadenan contratos es el 41,5% entre los hombres y 43,4% entre las mujeres y, que en el sector público la mitad de los asalariados temporales se ven afectados por el encadenamiento de contratos. La industria es el sector donde se recurre más al encadenamiento (48,2%) seguido de la agricultura (44,2%), los servicios (43%) y la construcción (35,9%).
Por Comunidades Autónomas, el encadenamiento afecta a la mitad de los asalariados temporales en Navarra, País Vasco, Galicia, Castilla-La Mancha y Canarias. Cataluña y Castilla-León registran el porcentaje de encadenamientos más bajo, aunque por encima del 30% (ver tabla adjunta). Para CC.OO., estos datos ponen de relieve el importante volumen de fraude que existe en la contratación temporal y la necesidad de adoptar medidas encaminadas a limitar la sucesión ilegal de contratos.
Fuente: Comfia.CCOO
El estado genera 11.000 empleos precarios a través de TRAGSA (y II)
Texto íntegro del artículo aparecido en la revista Capital del mes de septiembre:
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Creada en 1977, la filial de la SEPI se adjudica a dedo los contratos públicos, pero recurre al régimen privado de contratación laboral para dotarse de personal
El currículum de la auxiliar administrativa I.M.M. no tiene desperdicio. Firmó su primer contrato precario con Tragsa el 19 de julio de 1990. Un año después llegó la baja y cuatro días más tarde de nuevo fue dada de alta en la Seguridad Social. Este proceso se repitió hasta que en 2000, y tras estampar su rúbrica en otros 13 contratos temporales con al misma empresa, esta granadina denunció su situación al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que le dio la razón. En la sentencia se dejaba claro que "las sucesivas contrataciones temporales constituyen fraude de ley, estimando que la actora ostenta el carácter de indefinido". Por desgracia, este caso no es una excepción en la forma de trabajar de la Administración que se sirve de Tragsa para crear 10.804 puestos de trabajo temporales. Es decir, el 83% de la plantilla de la compañía.
Con estos datos en la mano, quizás se entienda ahora por qué España tiene más eventuales que Italia, Reino Unido, Bélgica y Suecia juntos. El dato ha alarmado al ministro de economía, Pedro Solbes, que no ha tardado en pedir medidas que solucionen la lacra de la temporalidad. Pero ¿cómo diablos se pueden pedir soluciones a las empresas privadas si desde la propia Administración se fomenta el empleo precario? "Antes de pedir, deberían de mirarse un poco al ombligo", asegura un directivo del sector alimentario.
Y en este caso, ese ombligo se llama Empresa de Transformaciones Agrarias S.A. (Tragsa): un ingenio empresarial ideado en 1977 por el antiguo diputado de la UCD, José Luis Meilán Gil, hombre de confianza del ex presidente Adolfo Suarez. "Tragsa se creó para gestionar los parques de maquinaria del IRYDA (Instituto para la Reforma y Desarrollo Agrario). Se pensó que estarían mejor gestionados a través de una sociedad anónima que desde la propia Administración", explica Francisco Jiménez, director técnico de Tragsa.
Hoy, esa empresa de capital público que nació para dotar de infraestructura los campos a través de sus máquinas, hace también regadíos, presas, caminos forestales, reconstruye ermitas, monta ferias, limpia las costas gallegas del chapapote del Prestige, cuida de la sanidad animal tras la crisis de las vacas locas, apaga los incendios que asolan España, adorna las calles de Madrid para la boda del Príncipe, levanta el Bosque de los Ausentes e, incluso, retira la estatua de Franco de la capital. Es decir, es una empresa para casi todo. "Pensamos que se trata de un ministerio paralelo que se creó para tapar las carencias de la Administración, provocadas por los recortes de personal", indican en el sindicato CC.OO.
Sea como sea, lo que está fuera de dudas es que Tragsa, presidida por Josep Puxeu, es con sus 22,4 millones de euros de beneficio la empresa más rentable de la SEPI. Y eso no es todo. Si se mira la facturación, se descubre que solo Izar y RTVE superan los 674 millones de euros que Tragsa ingresó en 2004, aunque con la diferencia de que tanto los astilleros como la televisión son un mar de pérdidas. "La diferencia está en que Tragsa es una empresa pública que se gestiona como una privada", asegura Guillermo Collarte, director general de Tragsa.
Sabe de lo que habla. Tragsa es una especie de Doctor Jeckill y Mister Hyde. Por un lado es una sociedad anónima y, por otro, su capital es íntegramente público (51% SEPI, 38% Ministerio de Agricultura, 10% Estado Español y 1% las comunidades de Madrid, Cantabria, Navarra y Castilla La-Mancha). Esto significa que Tragsa no es otra cosa que la propia administración cubierta bajo el manto de una S.A. De ahí se deriva que conserve los privilegios de una sociedad estatal, como la adjudicación de los contratos a dedo, pero sin tener que mantener a funcionarios. Al ser una S.A. recurre a los métodos de contratación que utiliza cualquier compañía privada. "Este particular régimen jurídico está aprobado por Real Decreto desde 1977", asegura el profesor de la Universidad de A Coruña Carlos Amoedo que, a lo largo de años, ha comprobado cómo la Administración ha adaptado poco a poco las leyes para que Tragsa jamás pudiera ser criticada desde ningún organismo judicial de la UE.
Tanta preocupación se debe a que es una auténtica bicoca pública que jamás ha perdido dinero... y, la verdad, parece difícil que esto vaya a ocurrir. Y es que, entre otras cosas, el 100% de la facturación depende de los encargos que le hace la propia Administración, que son sus accionistas. Así, las comunidades que más recurren a Tragsa son Galicia las dos Castillas y las que menos Cataluña y País Vasco. Es tal el chollo, que en otras comunidades autónomas han creado sus propias Tragsas (Egmasa y Getisa en Andalucía, Easa en Asturias, Gesplan en Canarias, y más de 10 empresas en Navarra). Pero no todo son ventajas. Al estar considerada un medio propio del Estado, Tragsa es un simple subordinado que está obligado a realizar también los encargos deficitarios. Un sólido brazo armado que obedece órdenes.
Órdenes que se reducen a una: ganar dinero como sea. Y si para conseguirlo se tiene a un colectivo como el de las brigadas para incendios con contratos basura, a pesar de ser un trabajo que se repite todos los veranas, pues se tiene. "Podríamos estar limpiando el monte en invierno y así no tendrían que echarnos", asegura un miembro de un retén. "Nuestra cartera depende de una Administración que se rige por ciclos políticos", contesta Collarte. "Y si todos fueran fijos y resulta que un día no te dan los contratos, prepárate a despedir colectivos enormes y a perder dinero", añade Antonio Bustillo, subdirector de relaciones laborales de Tragsa.
Los tres tienen parte de razón, pero lo peor es que el problema laboral no es exclusivo de los forestales. A pesar de que Tragsa sólo salta a la palestra por sus intervenciones en catástrofes (Prestige) o en la extinción de incendios (las víctimas de Guadalajara eran trabajadores de Tragsa), sus labores van más allá. Es más, las emergencias sólo originaron el 11% de la facturación de Tragsa en los seis primeros meses de 2005. El grueso de sus números viene de las infraestructuras agrarias (19%), de los regadíos (18%) y de los equipamientos (18%). Así, se explica que haya informáticos, administrativos, veterinarios e incluso ingenieros y abogados de Tragsa desempeñando su labor de forma continuada en algún ministerio. Por supuesto, la mayoría con contratos temporales. "Tragsa es la ETT de las Administraciones agrícola y ambiental" añade Carlos Amoedo.
De todas formas, no todo lo criticable de Tragsa se ciñe al tema laboral. Al ser considerado un medio propio de la Administración, se le adjudican a dedo los contratos de obras públicas (formalmente se llama "encomienda directa"), lo que perjudica a las empresas privadas que trabajan en los mismos sectores que Tragsa (forestal, construcción, aéreo...). De hecho, la asociación de empresas forestales (Asemfo), con el apoyo de otras patronales, llevó a Tragsa a los tribunales de la UE hace casi 10 años por violar las leyes de libre competencia. Ante el riesgo de que los jueces pusieran fin al "chollo" Tragsa, a la entonces ministra de Agricultura, Loyola de Palacio, no le quedó más remedio que resolver todos los flecos legales, a través de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales de 1998 que, curiosamente, no fue discutida en el Congreso.
Pero eso no es todo. Tragsa también sirve a la Administración para tapar las pocas bocas que todavía se atreven a alzar la voz en su contra. Y es que, a pesar de no tener competencia a la hora de adjudicarse los contratos, Tragsa sólo está obligada a realizar el 50% de los trabajos con sus propios medios. ¿El resto? Los subcontrata a empresas privadas. Así de fácil. "Existen pocas cosas mejores que unos suculentos contratos para agradecer favores políticos", asegura un diputado del Partido Popular.
Desde Tragsa se insiste en que esto no es tan sencillo, porque la ley exige que se anuncien en el BOE los contratos que superen los 6.242 euros. Lo que resulta totalmente cierto pero, según denuncia Amoedo en su libro "Tragsa. Medios propios de la Administración y huida del derecho administrativo", se puede escapar con suma facilidad de la publicación de los contratos a través del fraccionamiento de los mismos.
En este sentido, la actuación de Tragsa en la catástrofe del Prestige no tiene desperdicio. Como era de esperar, se adjudicó a dedo la limpieza de las playas, por las que cobró como corresponde a una empresa privada. Más tarde, la Xunta se sirvió de Tragsa para callar las críticas. Por eso, se quiso contratar a las cofradías de pescadores para que no protestaran por no poder salir a faenar. ¿Resultado? Guerra entre cofradías. Tratando de encontrar una solución, la Administración se volvió a equivocar al contratar a parados para que limpiaran las playas. Fue peor el remedio que la enfermedad. Temiendo por el fin de sus contratos de obra, los operarios de Tragsa no aceptaban a las hordas de voluntarios que, de manera altruista, quitaban chapapote.
Por todo ello, Tragsa siempre ha sido el blanco de las críticas de la oposición. Pasó con el PP cuando gobernaba Felipe González y volvió a pasar con Zapatero durante los ocho años de Aznar. Pero resulta curioso que, cuando esos críticos llegan al poder, se olvidan de todo y pronto descubren las excelencias de una empresa que, además de dar dinero, permite repartir favores a los amigos del Gobierno. Si no, que se lo digan al PSOE, que en la oposición clamaba por la reforma de Tragsa y una vez en el poder se ha limitado a potenciar la buena imagen de la compañía y a colocar en el consejo a personas de su entera confianza. Parece que esta vez tampoco toca hablar de la privatización de Tragsa. Pues va a ser que no.
Autor: Rafael Pascual
Fuente: Revista Capital. Septiembre 2005
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Creada en 1977, la filial de la SEPI se adjudica a dedo los contratos públicos, pero recurre al régimen privado de contratación laboral para dotarse de personal
El currículum de la auxiliar administrativa I.M.M. no tiene desperdicio. Firmó su primer contrato precario con Tragsa el 19 de julio de 1990. Un año después llegó la baja y cuatro días más tarde de nuevo fue dada de alta en la Seguridad Social. Este proceso se repitió hasta que en 2000, y tras estampar su rúbrica en otros 13 contratos temporales con al misma empresa, esta granadina denunció su situación al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que le dio la razón. En la sentencia se dejaba claro que "las sucesivas contrataciones temporales constituyen fraude de ley, estimando que la actora ostenta el carácter de indefinido". Por desgracia, este caso no es una excepción en la forma de trabajar de la Administración que se sirve de Tragsa para crear 10.804 puestos de trabajo temporales. Es decir, el 83% de la plantilla de la compañía.
Con estos datos en la mano, quizás se entienda ahora por qué España tiene más eventuales que Italia, Reino Unido, Bélgica y Suecia juntos. El dato ha alarmado al ministro de economía, Pedro Solbes, que no ha tardado en pedir medidas que solucionen la lacra de la temporalidad. Pero ¿cómo diablos se pueden pedir soluciones a las empresas privadas si desde la propia Administración se fomenta el empleo precario? "Antes de pedir, deberían de mirarse un poco al ombligo", asegura un directivo del sector alimentario.
Y en este caso, ese ombligo se llama Empresa de Transformaciones Agrarias S.A. (Tragsa): un ingenio empresarial ideado en 1977 por el antiguo diputado de la UCD, José Luis Meilán Gil, hombre de confianza del ex presidente Adolfo Suarez. "Tragsa se creó para gestionar los parques de maquinaria del IRYDA (Instituto para la Reforma y Desarrollo Agrario). Se pensó que estarían mejor gestionados a través de una sociedad anónima que desde la propia Administración", explica Francisco Jiménez, director técnico de Tragsa.
Hoy, esa empresa de capital público que nació para dotar de infraestructura los campos a través de sus máquinas, hace también regadíos, presas, caminos forestales, reconstruye ermitas, monta ferias, limpia las costas gallegas del chapapote del Prestige, cuida de la sanidad animal tras la crisis de las vacas locas, apaga los incendios que asolan España, adorna las calles de Madrid para la boda del Príncipe, levanta el Bosque de los Ausentes e, incluso, retira la estatua de Franco de la capital. Es decir, es una empresa para casi todo. "Pensamos que se trata de un ministerio paralelo que se creó para tapar las carencias de la Administración, provocadas por los recortes de personal", indican en el sindicato CC.OO.
Sea como sea, lo que está fuera de dudas es que Tragsa, presidida por Josep Puxeu, es con sus 22,4 millones de euros de beneficio la empresa más rentable de la SEPI. Y eso no es todo. Si se mira la facturación, se descubre que solo Izar y RTVE superan los 674 millones de euros que Tragsa ingresó en 2004, aunque con la diferencia de que tanto los astilleros como la televisión son un mar de pérdidas. "La diferencia está en que Tragsa es una empresa pública que se gestiona como una privada", asegura Guillermo Collarte, director general de Tragsa.
Sabe de lo que habla. Tragsa es una especie de Doctor Jeckill y Mister Hyde. Por un lado es una sociedad anónima y, por otro, su capital es íntegramente público (51% SEPI, 38% Ministerio de Agricultura, 10% Estado Español y 1% las comunidades de Madrid, Cantabria, Navarra y Castilla La-Mancha). Esto significa que Tragsa no es otra cosa que la propia administración cubierta bajo el manto de una S.A. De ahí se deriva que conserve los privilegios de una sociedad estatal, como la adjudicación de los contratos a dedo, pero sin tener que mantener a funcionarios. Al ser una S.A. recurre a los métodos de contratación que utiliza cualquier compañía privada. "Este particular régimen jurídico está aprobado por Real Decreto desde 1977", asegura el profesor de la Universidad de A Coruña Carlos Amoedo que, a lo largo de años, ha comprobado cómo la Administración ha adaptado poco a poco las leyes para que Tragsa jamás pudiera ser criticada desde ningún organismo judicial de la UE.
Tanta preocupación se debe a que es una auténtica bicoca pública que jamás ha perdido dinero... y, la verdad, parece difícil que esto vaya a ocurrir. Y es que, entre otras cosas, el 100% de la facturación depende de los encargos que le hace la propia Administración, que son sus accionistas. Así, las comunidades que más recurren a Tragsa son Galicia las dos Castillas y las que menos Cataluña y País Vasco. Es tal el chollo, que en otras comunidades autónomas han creado sus propias Tragsas (Egmasa y Getisa en Andalucía, Easa en Asturias, Gesplan en Canarias, y más de 10 empresas en Navarra). Pero no todo son ventajas. Al estar considerada un medio propio del Estado, Tragsa es un simple subordinado que está obligado a realizar también los encargos deficitarios. Un sólido brazo armado que obedece órdenes.
Órdenes que se reducen a una: ganar dinero como sea. Y si para conseguirlo se tiene a un colectivo como el de las brigadas para incendios con contratos basura, a pesar de ser un trabajo que se repite todos los veranas, pues se tiene. "Podríamos estar limpiando el monte en invierno y así no tendrían que echarnos", asegura un miembro de un retén. "Nuestra cartera depende de una Administración que se rige por ciclos políticos", contesta Collarte. "Y si todos fueran fijos y resulta que un día no te dan los contratos, prepárate a despedir colectivos enormes y a perder dinero", añade Antonio Bustillo, subdirector de relaciones laborales de Tragsa.
Los tres tienen parte de razón, pero lo peor es que el problema laboral no es exclusivo de los forestales. A pesar de que Tragsa sólo salta a la palestra por sus intervenciones en catástrofes (Prestige) o en la extinción de incendios (las víctimas de Guadalajara eran trabajadores de Tragsa), sus labores van más allá. Es más, las emergencias sólo originaron el 11% de la facturación de Tragsa en los seis primeros meses de 2005. El grueso de sus números viene de las infraestructuras agrarias (19%), de los regadíos (18%) y de los equipamientos (18%). Así, se explica que haya informáticos, administrativos, veterinarios e incluso ingenieros y abogados de Tragsa desempeñando su labor de forma continuada en algún ministerio. Por supuesto, la mayoría con contratos temporales. "Tragsa es la ETT de las Administraciones agrícola y ambiental" añade Carlos Amoedo.
De todas formas, no todo lo criticable de Tragsa se ciñe al tema laboral. Al ser considerado un medio propio de la Administración, se le adjudican a dedo los contratos de obras públicas (formalmente se llama "encomienda directa"), lo que perjudica a las empresas privadas que trabajan en los mismos sectores que Tragsa (forestal, construcción, aéreo...). De hecho, la asociación de empresas forestales (Asemfo), con el apoyo de otras patronales, llevó a Tragsa a los tribunales de la UE hace casi 10 años por violar las leyes de libre competencia. Ante el riesgo de que los jueces pusieran fin al "chollo" Tragsa, a la entonces ministra de Agricultura, Loyola de Palacio, no le quedó más remedio que resolver todos los flecos legales, a través de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales de 1998 que, curiosamente, no fue discutida en el Congreso.
Pero eso no es todo. Tragsa también sirve a la Administración para tapar las pocas bocas que todavía se atreven a alzar la voz en su contra. Y es que, a pesar de no tener competencia a la hora de adjudicarse los contratos, Tragsa sólo está obligada a realizar el 50% de los trabajos con sus propios medios. ¿El resto? Los subcontrata a empresas privadas. Así de fácil. "Existen pocas cosas mejores que unos suculentos contratos para agradecer favores políticos", asegura un diputado del Partido Popular.
Desde Tragsa se insiste en que esto no es tan sencillo, porque la ley exige que se anuncien en el BOE los contratos que superen los 6.242 euros. Lo que resulta totalmente cierto pero, según denuncia Amoedo en su libro "Tragsa. Medios propios de la Administración y huida del derecho administrativo", se puede escapar con suma facilidad de la publicación de los contratos a través del fraccionamiento de los mismos.
En este sentido, la actuación de Tragsa en la catástrofe del Prestige no tiene desperdicio. Como era de esperar, se adjudicó a dedo la limpieza de las playas, por las que cobró como corresponde a una empresa privada. Más tarde, la Xunta se sirvió de Tragsa para callar las críticas. Por eso, se quiso contratar a las cofradías de pescadores para que no protestaran por no poder salir a faenar. ¿Resultado? Guerra entre cofradías. Tratando de encontrar una solución, la Administración se volvió a equivocar al contratar a parados para que limpiaran las playas. Fue peor el remedio que la enfermedad. Temiendo por el fin de sus contratos de obra, los operarios de Tragsa no aceptaban a las hordas de voluntarios que, de manera altruista, quitaban chapapote.
Por todo ello, Tragsa siempre ha sido el blanco de las críticas de la oposición. Pasó con el PP cuando gobernaba Felipe González y volvió a pasar con Zapatero durante los ocho años de Aznar. Pero resulta curioso que, cuando esos críticos llegan al poder, se olvidan de todo y pronto descubren las excelencias de una empresa que, además de dar dinero, permite repartir favores a los amigos del Gobierno. Si no, que se lo digan al PSOE, que en la oposición clamaba por la reforma de Tragsa y una vez en el poder se ha limitado a potenciar la buena imagen de la compañía y a colocar en el consejo a personas de su entera confianza. Parece que esta vez tampoco toca hablar de la privatización de Tragsa. Pues va a ser que no.
Autor: Rafael Pascual
Fuente: Revista Capital. Septiembre 2005
El estado genera 11.000 puestos de empleo precario a través de TRAGSA
Con este titular tan explícito la revista Capital publicó el pasado mes de septiembre un monográfico que no tiene desperdicio y que disecciona las prácticas de contratación que el grupo TRAGSA practica de forma habitúal convirtiendose en, posiblemente, la única empresa pública con más de un ¡80% de trabajadores temporales!. Os dejamos un enlace a la sintesis del texto aquí y hemos colgado una fotocopia íntegra en el tablón de anuncios de la planta baja de Peñalver 84. En unos días trataremos de colgar aquí una copia escaneada del mismo.
Los expertos proponen acortar la jornada laboral para ganar productividad
Los españoles viven "excesivamente colgados del reloj", debido a unos horarios de trabajo "inconvenientes", según denunció ayer Ignacio Buqueras, presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles y su Normalización con los de los demás países de la Unión Europea (UE).
El presidente de la comisión explicó que en la actualidad sería adecuado adaptarse a los horarios europeos y dar por finalizada la jornada laboral entre las 17.30 y las 18.00 horas. Esta medida, a su juicio, no afectaría a la productividad, sino que la aumentaría. "Se confunde el estar en el lugar de trabajo con el estar trabajando", argumentó.
Buqueras afirmó que al español "le falta tiempo" para "integrarse en la sociedad civil" y para conciliar su vida personal, laboral y familiar. Por ese motivo, la Fundación Independiente creó en enero del 2002 una comisión nacional para estudiar este asunto. Este órgano está integrado por representantes del Gobierno, comunidades autónomas, universidades, sindicatos, patronal y diversos organismos públicos y privados.
Las actas de las últimas nueve reuniones de esta comisión se recogen en el libro España en hora, editado por la Fundación Independiente. La publicación concluye que es necesario sensibilizar a la sociedad española sobre la conveniencia de aplicar unos horarios "más racionales", para que los ciudadanos puedan cumplir con sus responsabilidades.
Buqueras destacó que, hasta los años treinta, España tenía unos horarios similares a los del resto de Europa y los españoles comían en torno a las 12.00 o 13.00 horas y cenaban entre las 19.00 y 20.00 horas. Posteriormente, estos horarios se retrasaron. El motivo de este cambio, apuntó el experto, podrían ser las dificultades sociales de los años de la guerra civil y la posguerra, que llevaron a gran parte de la población al pluriempleo y a prolongar la jornada por la mañana y por la tarde.
ESPAÑA A LA COLA
Buqueras subrayó que, tomando la productividad media de Europa como referencia (100), España se encontraría en el 83,8. Francia estaría en el 123, Bélgica en el 120 y Holanda en el 114, a pesar de que sus jornadas laborales son de menos horas. La modificación de horarios, que la Fundación Independiente espera lograr para el año 2010, permitiría superar algunas situaciones, como el hecho de que muchos niños españoles pasen solos varias horas del día debido al horario laboral de sus padres.
Fuente: El Periódico
El presidente de la comisión explicó que en la actualidad sería adecuado adaptarse a los horarios europeos y dar por finalizada la jornada laboral entre las 17.30 y las 18.00 horas. Esta medida, a su juicio, no afectaría a la productividad, sino que la aumentaría. "Se confunde el estar en el lugar de trabajo con el estar trabajando", argumentó.
Buqueras afirmó que al español "le falta tiempo" para "integrarse en la sociedad civil" y para conciliar su vida personal, laboral y familiar. Por ese motivo, la Fundación Independiente creó en enero del 2002 una comisión nacional para estudiar este asunto. Este órgano está integrado por representantes del Gobierno, comunidades autónomas, universidades, sindicatos, patronal y diversos organismos públicos y privados.
Las actas de las últimas nueve reuniones de esta comisión se recogen en el libro España en hora, editado por la Fundación Independiente. La publicación concluye que es necesario sensibilizar a la sociedad española sobre la conveniencia de aplicar unos horarios "más racionales", para que los ciudadanos puedan cumplir con sus responsabilidades.
Buqueras destacó que, hasta los años treinta, España tenía unos horarios similares a los del resto de Europa y los españoles comían en torno a las 12.00 o 13.00 horas y cenaban entre las 19.00 y 20.00 horas. Posteriormente, estos horarios se retrasaron. El motivo de este cambio, apuntó el experto, podrían ser las dificultades sociales de los años de la guerra civil y la posguerra, que llevaron a gran parte de la población al pluriempleo y a prolongar la jornada por la mañana y por la tarde.
ESPAÑA A LA COLA
Buqueras subrayó que, tomando la productividad media de Europa como referencia (100), España se encontraría en el 83,8. Francia estaría en el 123, Bélgica en el 120 y Holanda en el 114, a pesar de que sus jornadas laborales son de menos horas. La modificación de horarios, que la Fundación Independiente espera lograr para el año 2010, permitiría superar algunas situaciones, como el hecho de que muchos niños españoles pasen solos varias horas del día debido al horario laboral de sus padres.
Fuente: El Periódico
El trabajador tiene derecho a ser retribuido según las funciones que realmente desempeña, y no por la categoría
El Tribunal Supremo acaba de establecer que cuando un trabajador realiza funciones de categoría superior a la que le corresponde, el empresario debe abonarle las cantidades que correspondan a esas funciones.
Y ello con independencia de que no exista ese puesto en la empresa o de que no haya superado las pruebas de acceso a tal categoría.
Una guardería contrató a varias trabajadoras con categoría de camareras limpiadoras. Sin embargo, las funciones que desempeñaban en realidad consistían en vigilar la alimentación de los niños, atenderles en los comedores, en los aseos o vigilarles mientras reposaban. Al ser estas funciones de categoría superior a la que fueron contratadas, las trabajadoras reclamaron las diferencias salariales correspondientes.
Según el Tribunal Supremo, pese a que ostentaban la categoría de camareras limpiadoras, en realidad "desempeñaban las labores propias de cuidadoras, absolutamente impropias de la categoría reconocida" (sent. del TS de 25.01.05). El Supremo recuerda que el art 39.4 del Estatuto de los Trabajadores establece el derecho del trabajador que realiza esas funciones superiores a exigir el pago de la retribución propia de la labor realizada". Esta sentencia del Supremo resuelve un recurso de casación para unificación de doctrina. Esto significa que, hasta ahora, los tribunales dictaban sentencias contradictorias, pero ahora se resuelven esas discrepancias en el sentido de esta sentencia.
Fuente: Comfia. CCOO
Y ello con independencia de que no exista ese puesto en la empresa o de que no haya superado las pruebas de acceso a tal categoría.
Una guardería contrató a varias trabajadoras con categoría de camareras limpiadoras. Sin embargo, las funciones que desempeñaban en realidad consistían en vigilar la alimentación de los niños, atenderles en los comedores, en los aseos o vigilarles mientras reposaban. Al ser estas funciones de categoría superior a la que fueron contratadas, las trabajadoras reclamaron las diferencias salariales correspondientes.
Según el Tribunal Supremo, pese a que ostentaban la categoría de camareras limpiadoras, en realidad "desempeñaban las labores propias de cuidadoras, absolutamente impropias de la categoría reconocida" (sent. del TS de 25.01.05). El Supremo recuerda que el art 39.4 del Estatuto de los Trabajadores establece el derecho del trabajador que realiza esas funciones superiores a exigir el pago de la retribución propia de la labor realizada". Esta sentencia del Supremo resuelve un recurso de casación para unificación de doctrina. Esto significa que, hasta ahora, los tribunales dictaban sentencias contradictorias, pero ahora se resuelven esas discrepancias en el sentido de esta sentencia.
Fuente: Comfia. CCOO
La Comunidad de Madrid destinará cuatro millones de euros para medidas de conciliación laboral
El consejero de Empleo y Mujer, Juan José Güemes, visitó hoy la sede central de Sanitas, donde destacó que la Comunidad de Madrid destinará entre este año y el próximo cuatro millones de euros para favorecer y desarrollar medidas de conciliación de la vida familiar y profesional en el ámbito laboral.
Güemes señaló que la conciliación no es sólo una medida que tiene que poner en marcha el Gobierno regional, sino que requiere de la colaboración de los empresarios, ya que "la flexibilidad en el trabajo y en la jornada laboral, la puesta en marcha de servicios a la familia, así como los permisos y otras medidas de apoyo son prácticas que, adaptadas a las necesidades de la empresa, logran el bienestar y la satisfacción del personal".
Por ello, reveló que el Gobierno regional está desarrollando varias medidas para posibilitar la conciliación, como el aumento en casi un 80% del número de plazas de guarderías hasta llegar a 50.000, o la ampliación del horario de 32 escuelas infantiles dependientes de la Administración regional en dos horas más, por la mañana o por la tarde.
En este sentido, la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha el proyecto 'Amplia', mediante el cual se incrementará la participación laboral de las mujeres, aumentando su empleabilidad, a través de la formación en el área de la atención a la infancia. También favorecerá esta conciliación ampliando la cobertura horaria de escuelas infantiles públicas e impulsando la creación de nuevos servicios para el cuidado de los hijos.
Hasta la fecha son 29 los ayuntamientos que han solicitado formar parte de este proyecto que se está desarrollando en colaboración con la Consejería de Educación y de algunos ayuntamientos de la región.
Para llevarlo a cabo, la Consejería de Empleo y Mujer destinará cuatro millones de euros durante 2005 y 2006.
Del importe total, 1,3 millones de euros irán destinados a la ampliación de horarios y 2,7 millones a la formación de auxiliares de educación infantil.
Fuente: Europa Press
Güemes señaló que la conciliación no es sólo una medida que tiene que poner en marcha el Gobierno regional, sino que requiere de la colaboración de los empresarios, ya que "la flexibilidad en el trabajo y en la jornada laboral, la puesta en marcha de servicios a la familia, así como los permisos y otras medidas de apoyo son prácticas que, adaptadas a las necesidades de la empresa, logran el bienestar y la satisfacción del personal".
Por ello, reveló que el Gobierno regional está desarrollando varias medidas para posibilitar la conciliación, como el aumento en casi un 80% del número de plazas de guarderías hasta llegar a 50.000, o la ampliación del horario de 32 escuelas infantiles dependientes de la Administración regional en dos horas más, por la mañana o por la tarde.
En este sentido, la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha el proyecto 'Amplia', mediante el cual se incrementará la participación laboral de las mujeres, aumentando su empleabilidad, a través de la formación en el área de la atención a la infancia. También favorecerá esta conciliación ampliando la cobertura horaria de escuelas infantiles públicas e impulsando la creación de nuevos servicios para el cuidado de los hijos.
Hasta la fecha son 29 los ayuntamientos que han solicitado formar parte de este proyecto que se está desarrollando en colaboración con la Consejería de Educación y de algunos ayuntamientos de la región.
Para llevarlo a cabo, la Consejería de Empleo y Mujer destinará cuatro millones de euros durante 2005 y 2006.
Del importe total, 1,3 millones de euros irán destinados a la ampliación de horarios y 2,7 millones a la formación de auxiliares de educación infantil.
Fuente: Europa Press
El Constitucional admite a trámite el recurso de Comfia-CC.OO. sobre la utilización sindical del correo electrónico
El Sindicato urge al Gobierno a legislar sobre ciberderechos
Saludamos la decisión tomada por el Tribunal Constitucional de admitir el recurso y manifestamos la necesidad de avanzar en una regulación de los ciberderechos, por lo que instamos al Gobierno de la Nación a que de forma urgente remita al parlamento la ley que regule la utilización de los medios telemáticos en las relaciones laborales como ya se está haciendo en algunos convenios colectivos.
Con fecha 10/2/2005 el Tribunal Constitucional ha resuelto admitir a trámite el recurso de amparo que desde COMFIA-CCOO se presentó en referencia a la utilización del correo electrónico en sus comunicaciones con los trabajadores de BBVA. Dicho recurso se produjo tras haberse dictado sentencias de signo contradictorio por parte de la Audiencia Nacional (06/02/2001) y el Tribunal Supremo (26/11/2001).
En su sentencia la Audiencia Nacional reconocía "...el derecho del Sindicato accionante y de sus Secciones Sindicales en las Empresas del Grupo BBVA, demandadas en estos autos, a transmitir noticias de interés sindical a sus afiliados y a los trabajadores en general a través del correo electrónico..." al tiempo que reconoce "...la necesidad de ordenar, bien por Convenio Colectivo, Acuerdo de Empresa, "ratione materiae" o norma de la jerarquía legal que corresponda, el derecho de los Sindicatos y trabajadores a la utilización de la Red de la Empresa por correo electrónico para transmitir información sindical...".
Por su parte el Tribunal Supremo desestimó la demanda de COMFIA-CC.OO. argumentando que "...no existe pacto ni individual ni colectivo, ni manifestación unilateral con la empleadora, que haya otorgado el derecho al sindicato a utilizar tal herramienta de trabajo de la demandada". Asimismo, el documento señala que, además, "...no hay norma jurídica alguna que conceda al sindicato el derecho a utilizar los medios informáticos del banco para realizar la comunicación con sus afiliados y con las secciones sindicales".
Desde COMFIA-CC.OO. se planteó recurso ante el Tribunal Constitucional por entender que en esta última sentencia no se habían tenido en cuenta por parte de la Sala tanto derechos constitucionales, que están regulados en los artículos 18, 20 y 28 de nuestra Carta Magna, como los recogidos en la Ley Orgánica de Libertad Sindical y el propio Código Civil, dejando desamparado al demandante.
A juicio de COMFIA-CC.OO., la sentencia objeto de recurso incurre además en una contradicción flagrante, al reconocer como hecho probado que los mensajes de correo electrónico son remitidos desde el servidor del Sindicato y, en el punto 2 del Fundamento de Derecho 1, que el Sindicato tiene "derecho a transmitir a sus expensas y por sus propios medios" para más tarde fundamentar su fallo en que no es la empresa quién debe facilitar los medios materiales para llevar a cabo el derecho de información previsto en la Ley Orgánica de Libertad Sindical (1985) cosa que no sucede en el caso juzgado.
Desde el Sindicato saludamos la decisión tomada por el Tribunal Constitucional de admitir el recurso y manifestamos la necesidad de avanzar en una regulación de los ciberderechos, por lo que instamos al Gobierno de la Nación a que de forma urgente remita al parlamento la ley que regule la utilización de los medios telemáticos en las relaciones laborales como ya se está haciendo en algunos convenios colectivos.
"En la pasada legislatura, los Grupos Parlamentarios que hoy apoyan la acción de Gobierno, incluido el PSOE, instaron al entonces Gobierno del Partido Popular una legislación en esta materia por lo que pensamos que nuestra petición será atendida" afirma un portavoz de COMFIA-CC.OO
Fuente: COMFIA
Saludamos la decisión tomada por el Tribunal Constitucional de admitir el recurso y manifestamos la necesidad de avanzar en una regulación de los ciberderechos, por lo que instamos al Gobierno de la Nación a que de forma urgente remita al parlamento la ley que regule la utilización de los medios telemáticos en las relaciones laborales como ya se está haciendo en algunos convenios colectivos.
Con fecha 10/2/2005 el Tribunal Constitucional ha resuelto admitir a trámite el recurso de amparo que desde COMFIA-CCOO se presentó en referencia a la utilización del correo electrónico en sus comunicaciones con los trabajadores de BBVA. Dicho recurso se produjo tras haberse dictado sentencias de signo contradictorio por parte de la Audiencia Nacional (06/02/2001) y el Tribunal Supremo (26/11/2001).
En su sentencia la Audiencia Nacional reconocía "...el derecho del Sindicato accionante y de sus Secciones Sindicales en las Empresas del Grupo BBVA, demandadas en estos autos, a transmitir noticias de interés sindical a sus afiliados y a los trabajadores en general a través del correo electrónico..." al tiempo que reconoce "...la necesidad de ordenar, bien por Convenio Colectivo, Acuerdo de Empresa, "ratione materiae" o norma de la jerarquía legal que corresponda, el derecho de los Sindicatos y trabajadores a la utilización de la Red de la Empresa por correo electrónico para transmitir información sindical...".
Por su parte el Tribunal Supremo desestimó la demanda de COMFIA-CC.OO. argumentando que "...no existe pacto ni individual ni colectivo, ni manifestación unilateral con la empleadora, que haya otorgado el derecho al sindicato a utilizar tal herramienta de trabajo de la demandada". Asimismo, el documento señala que, además, "...no hay norma jurídica alguna que conceda al sindicato el derecho a utilizar los medios informáticos del banco para realizar la comunicación con sus afiliados y con las secciones sindicales".
Desde COMFIA-CC.OO. se planteó recurso ante el Tribunal Constitucional por entender que en esta última sentencia no se habían tenido en cuenta por parte de la Sala tanto derechos constitucionales, que están regulados en los artículos 18, 20 y 28 de nuestra Carta Magna, como los recogidos en la Ley Orgánica de Libertad Sindical y el propio Código Civil, dejando desamparado al demandante.
A juicio de COMFIA-CC.OO., la sentencia objeto de recurso incurre además en una contradicción flagrante, al reconocer como hecho probado que los mensajes de correo electrónico son remitidos desde el servidor del Sindicato y, en el punto 2 del Fundamento de Derecho 1, que el Sindicato tiene "derecho a transmitir a sus expensas y por sus propios medios" para más tarde fundamentar su fallo en que no es la empresa quién debe facilitar los medios materiales para llevar a cabo el derecho de información previsto en la Ley Orgánica de Libertad Sindical (1985) cosa que no sucede en el caso juzgado.
Desde el Sindicato saludamos la decisión tomada por el Tribunal Constitucional de admitir el recurso y manifestamos la necesidad de avanzar en una regulación de los ciberderechos, por lo que instamos al Gobierno de la Nación a que de forma urgente remita al parlamento la ley que regule la utilización de los medios telemáticos en las relaciones laborales como ya se está haciendo en algunos convenios colectivos.
"En la pasada legislatura, los Grupos Parlamentarios que hoy apoyan la acción de Gobierno, incluido el PSOE, instaron al entonces Gobierno del Partido Popular una legislación en esta materia por lo que pensamos que nuestra petición será atendida" afirma un portavoz de COMFIA-CC.OO
Fuente: COMFIA
XIV Convenio Colectivo de Empresas de Ingeniería y Oficinas de Estudios Técnicos
La Patronal (Tecniberia) ha ofrecido una contrapropuesta global de cierre de Convenio coherente, pues da forma y recoge algunos aspectos que hemos ido discutiendo en la negociación, aunque mantiene una postura de mínimos en materias como el incremento salarial, la jornada o el empleo.
Es de agradecer el movimiento mostrado por la Patronal de nuestro sector (Tecniberia) en la reunión del pasado 27 de enero de 2005, al ofrecer una contrapropuesta global de cierre de Convenio coherente, pues da forma y recoge algunos aspectos que hemos ido discutiendo en el transcurso de la negociación del convenio de los últimos meses en los que podríamos estar de acuerdo, aunque siga empecinada en mantener una postura de mínimos y divergente con los Sindicatos en materias tan sensibles como el incremento salarial, la jornada o el empleo.
Fuente: COMFIA
Es de agradecer el movimiento mostrado por la Patronal de nuestro sector (Tecniberia) en la reunión del pasado 27 de enero de 2005, al ofrecer una contrapropuesta global de cierre de Convenio coherente, pues da forma y recoge algunos aspectos que hemos ido discutiendo en el transcurso de la negociación del convenio de los últimos meses en los que podríamos estar de acuerdo, aunque siga empecinada en mantener una postura de mínimos y divergente con los Sindicatos en materias tan sensibles como el incremento salarial, la jornada o el empleo.
Fuente: COMFIA